Ejemplos / Casos Testigos


Como ejemplos de lo que sucede en estas causas, ponemos en su conocimiento los siguientes casos que son tan solo ejemplos de lo que ocurre en todas y cada una de las causas:


a.- Omar Antonio Ferreyra

Ferreyra, nacido el 23 de junio de 1950, era egresado de la Escuela Sargento Cabral del Ejército Argentino. Se desempeñó durante toda su carrera como conductor motorista. Fue detenido en el marco de estas causas el 16 de junio de 2009. No fue sometido a juicio oral hasta mediados del año 2014, por lo que ya aquí advertimos una violación al derecho a la libertad personal, toda vez que Ferreyra estuvo sufriendo prisión preventiva durante cinco años sin que su inocencia fuera probada o no.

A partir del primer trimestre de 2014, comenzó a tener problemas para deglutir y sufrió pérdida de peso. Dentro del Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, donde estaba detenido en ese momento, no fue atendido y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I Ezeiza, en donde tampoco fue atendido. Luego de ello, fue trasladado a la ciudad de Olavarría, lugar donde se realizó el juicio oral en su contra. Allí tampoco se evaluó su estado de salud.

Hacemos saber que todos los antecedentes de salud de Ferreyra se encuentran registrados de puño y letra del causante los que se acompañan a esta denuncia.

Ya durante el juicio, en la ciudad de Olavarría, sufrió una grave descompostura lo que provocó que fuera trasladado al hospital de esa ciudad.

Allí se le constató una lesión orgánica con sangrado activo, lo que luego es confirmado por otro estudio de lo que se le diagnostica un adenocarcinoma estado G3 con áreas mucinosas. A su vez, se le realizó un informe psicológico lo que determinó un trastorno adaptativo de índole mixta a causa de la noticia del cáncer que lo afectaba.

Recién con fecha 16 de octubre de 2014 fue trasladado al Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires a efectos de ser atendido de sus dolencias en un nosocomio que pudiera recibirlo.

Tal como surge de este relato, ninguna autoridad ni judicial ni penitenciaria se ocupó y/o preocupó en determinar si Ferreyra se encontraba físicamente y psíquicamente apto para enfrentar un juicio oral y ejercer plenamente sus garantías, sobre todo, la de la defensa en juicio.

Con todas las dolencias que Ferreyra padeció, las que están detalladamente explicadas en el informe elaborado por el Dr. Mariano N. Castex, a abril de 2015, no había tenido rehabilitación ni fisica ni foniátrica en orden al cáncer de esófago que padecía. Fue sometido a varias sesiones de quimioterapia, sin perjuicio de lo cual, al momento del examen efectuado por el Dr. Castex, el adenocarcinoma de esófago que padecía se encontraba en un estadio III G, siendo el más leve el I.

Las sesiones de quimioterapia fueron realizadas a pesar de que Ferreyra continuaba sometido a juicio, ello significa, asistir a las jornadas de juicio, las que en el marco de estas causas suelen ser muy extensas. Fue devuelto a prisión sin siquiera haber asistido ni una sola vez al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, que determina si cualquier persona sometida a juicio puede afrontarlo. Solamente, en abril de 2015, galenos del Hospital Militar Central desaconsejan el alojamiento de Ferreyra en una unidad penitenciaria dado su inmuno compromiso.

Todo el cuadro de enfermedad presentado fue totalmente desatendido por las autoridades judiciales. Aún con un mínimo de atención médica adecuada, el estado de salud de Ferreyra no hubiera alcanzado el extremo que aquí se relata y hasta hubiera permitido una factible curación.

No se le realizó ningún examen clínico, no se le hicieron análisis de sangre, ni estudios que permitieran determinar la patología luego detectada, ya demasiado tarde, que lo habilitará ser tratado por un especialista en oncología.

Asimismo, fue sometido a una operación denominada esofagectomía, la que es una operación cruenta y riesgosa que consiste en la extirpación de parte del esófago. Todo lo padecido por Ferreyra ha configurado un trato cruel, inhumano y degradante, comprometiéndose su integridad personal, así como también el reconocimiento a su personalidad jurídica, tal como lo sostiene el Dr. Mariano Castex en su examen haciendo alusión al estrés que sufre una persona privada de la libertad (aplicable a todos y cada uno de los casos testigos y víctimas de esta denuncia, por todo lo que ello implica) y a las reflexiones finales del profesional.

A fuerza de todos los intentos realizados por su familia, a Ferreyra le fue otorgado, finalmente, el arresto domiciliario el día 5 de julio de 2015 en su casa de la ciudad de Olavarría.

En menos de dos meses de serle otorgada esa modalidad de cumplimiento de su condena, falleció el 23 de agosto de 2015.


b.- Julio Alberto Tommasi

Tommasi nació el 13 de julio de 1930 y perteneció al Ejército Argentino, alcanzando el grado de Coronel.

El día 28 de agosto de 2008, Tommasi, fue trasladado a la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, donde se le hicieron saber los hechos por los cuales quedaba detenido. En ese momento, tenía 78 años y fue enviado al Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, lugar donde estuvo alojado hasta el día 7 de octubre del mismo año, momento en el que se le otorgó arresto domiciliario, debido a ser una persona mayor de 70 años.

Desde ese momento, cumplió con todas las condiciones impuestas durante tres años y medio. Solo salía de su domicilio para concurrir al Hospital Militar Central debido a las afecciones que padecía, tales como hipertensión, diabetes, problemas severos de próstata, gastritis con antecedentes de úlcera sangrante, gota y problemas cada vez más severos de memoria.

La causa fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los Doctores Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela.

El Tribunal dispone el comienzo de las audiencias para el día 9 de febrero de 2012, por el defensor oficial de Tommasi le hace saber a su familia que debían alquilar un departamento en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, mientras se desarrolle el juicio a efectos de mantener el arresto domiciliario en dicha ciudad. Ante tal requerimiento, se realizaron todos los trámites para cumplir con la intimación. Llegado el día del inicio el juicio, Tommasi es trasladado al departamento alquilado y al día siguiente el Tribunal referido le revoca el arresto domiciliario, alegando peligro de fuga y entorpecimiento de las investigaciones, contrariando de esa forma dos resoluciones anteriores que habían otorgado y confirmado su arresto domiciliario. Lo envían a un calabozo de una comisaría y más tarde a la cárcel provincial de Barker.

La misma suerte corrieron los otros cuatro imputados de la causa, lo que demuestra que es una práctica corriente en los tribunales revocar tanto excarcelaciones como arrestos domiciliarios sin mediar argumento alguno para llevarlo a cabo.

Desde su alojamiento en el Complejo Penitenciario, Tommasi comenzó a padecer un desmejoramiento grave en su salud, siendo trasladado al Complejo Penitenciario Federal I Ezeiza. Ante dicha situación, su familia solicitó en reiteradas oportunidades el arresto domiciliario en orden a su edad y a sus problemas de salud, siendo dichos pedidos sistemáticamente rechazados. Recién el 29 de abril de 2013, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al pedido de arresto domiciliario, pero el fiscal interviniente interpuso recurso extraordinario, lo que provoca que el Tribunal Oral no pueda dictar un nuevo pronunciamiento debido a que lo ordenado por la Casación Federal no se encontraba firme a raíz del recurso interpuesto por el fiscal. Situación completamente distinta a lo sucedido cuando se recurrió la resolución que revocó el arresto domiciliario de Tommasi, lo que se cumplió inmediatamente.

La familia de Tommasi volvió a recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y así fue que, recién un año después, el 27 de marzo de 2014, la Sala IV otorgó el arresto domiciliario requerido. Debemos aclarar que, desde julio de 2013, conforme lo dispuesto en la resolución n° 85/13 del Ministerio de Defensa, adjunta a esta presentación, ningún procesado o condenado por delitos de lesa humanidad podía atenderse en los hospitales de su obra social, lo que afectó completamente la salud de todos los afectados, circunstancia que no escapa a lo sucedido con Tommasi. También queremos dejar asentado la excesiva prisión preventiva que sufrió sin tener juicio oral.

En el año 2013, se le diagnosticó a Tommasi un cáncer de próstata, pero luego se le desarrolló una metástasis. Al poco tiempo de otorgado el arresto domiciliario, Tommasi no podía moverse del dolor, por lo que, a fines de mayo de 2014, fue internado en el Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires y, finalmente, falleció el 8 de junio de 2014.

Si Tommasi hubiera podido acceder al arresto domiciliario antes, seguramente podría haber sido tratado de una mejor y adecuada forma y hasta quizás se podría haber curado dicho cáncer ya que es un tipo altamente curable.


c.- Carlos Eduardo Flores Leyes

Flores Leyes nacido en el año 1948, ejerció desde el 5 de diciembre de 1974 hasta el 22 de febrero de 1992 el cargo de Secretario del Juzgado Federal de 1º Instancia de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina y a partir de la última fecha mencionada pasó a desempeñar el cargo de Fiscal Federal por ante el mencionado juzgado hasta que se jubiló el 1 de marzo del año 2008. Fue detenido en el marco de la causa que más abajo se relata en diciembre de 2008.

Juró como Secretario del Juzgado Federal de 1ª Instancia en el mes de diciembre de 1974 haciéndose cargo de la nueva Secretaría Penal - Nº 2 -, siéndole atribuida a esa secretaría, a cargo del por el entonces Juez Federal Dr. Guillermo E. Mendoza, el trámite de expedientes penales por delitos de carácter común – lesiones, hurto, robo, estafa, homicidios, etc. – infracción a las leyes de enrolamiento – hombres y mujeres – e infracción a la ley del servicio militar.

En el transcurso del año 1975 y a fin de lograr un mejor equilibrio en el desempeño de las secretarías penales se dispuso que los expedientes de tipo subversivos y delitos conexos de menor significación ingresaran por turnos en la Secretaría Penal Nº 1 y 2, por lo que en la secretaría penal a su cargo tuvo entrada la causa caratulada “Almada Santiago y Otros s/ Asociación ilícita, infracción a la Ley 20840” en la que se encontraron imputados de delitos - no políticos - aproximadamente unas 10 a 12 personas.

Con el devenir de la democracia, un tiempo antes ya, se empezaron a efectuar denuncias en todo el ámbito nacional, no siendo la excepción la provincia del Chaco, en relación a militares y policías por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad y entre los que se incluye homicidios, desaparición de personas, secuestros, torturas, etc. En consonancia con ello algunos de los procesados y a posteriori condenados con sentencia firme de la Cámara Federal de Resistencia, amén de imputaciones a personal policial provincial de la brigada de investigaciones, introdujo una versión que en las postrimerías del expediente “Almada”, había servido como estrategia para mejorar su situación procesal. Consistió en imputar al secretario actuante que había receptado la declaración indagatoria, el haber cometido irregularidades procesales que acarrearían la nulidad de todo lo actuado. Nada de ello acaeció y por ende el Juzgado Federal y la Cámara condenaron a algunos de los imputados en esa causa (“Almada y otros”) por los delitos de Asociación Ilícita, incendio y daño. Así es como se imputó en esa causa penal a Flores Leyes por delito de lesa humanidad, pues aquella inicial imputación por irregularidades hecho por los entonces denunciantes, se degeneró en la imputación que provocó estar privado de su libertad.

En ese proceso intervino el Dr. Juan Antonio Piñero, conjuez federal del Juzgado Federal n° 1 de Resistencia, provincia de Chaco (dato que ya alerta sobre las violaciones a la garantía del juez natural). En la causa “Caballero Humberto Lucio y Otros s/ tormentos agravados”, se cometieron las violaciones a las garantías legales en perjuicio de su persona. A título enumerativo resulta pertinente establecer que las violaciones se produjeron tanto en la tramitación de la causa principal “Caballero” como en las incidencias excarcelatorias, y de detención domiciliaria. En la primera de ellas, proceso principal, la recolección de pruebas se realizó en ausencia total de la defensa, si se quiere la intervención procesal más importante del proceso penal, se ha obviado al imputado, y se han citado, interrogado y repreguntado a todos los testigos de cargo con la presencia exclusiva del fiscal y del querellante particular, lo que les permitió conformar los testimonios y las deposiciones de una forma tal que con posterioridad sirvieron de sustento para disponer la detención.

Los denunciantes que fueran parte en la causa “Almada” son José Luis Valenzuela, Mario Mendoza, Ricardo Vassel y Eugenio Domínguez Silva, quienes partieron, en una especie de escalada de menor a mayor, imputando irregularidades para luego de dos, tres y en el caso de Valenzuela hasta cinco ampliaciones de declaración testimonial, señalar la participación en los apremios y torturas sufridas. En todas esas declaraciones no existió por parte del imputado y su defensa técnica el control de la prueba. Tampoco se permitió que el imputado ofreciera la prueba que estima pertinente para torcer la imputación.

Al margen de las cuestiones procesales que afectaron gravemente las garantías judiciales de Flores Leyes, debe mencionarse que el nombrado padecía de problemas cardiacos, sobrepeso y había sufrido una operación de rodilla que luego se infectó.

Sin perjuicio de ello, el conjuez dictó auto de procesamiento con prisión preventiva por cuatro hechos, alegando para el dictado de la prisión preventiva que de no hacerlo seguramente Flores Leyes se profugaría.

El día de la detención se dispone su alojamiento en la delegación local de la Policía Federal, para luego y siendo todavía un simple detenido con indagatoria, trasladarlo a la Prisión Regional del Norte (Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal), donde fue alojado en una celda reservada para internos condenados que sufren enfermedades infecto contagiosas (como tuberculosis, HIV, etc.) y deben guardar períodos de aislamiento. Dicha celda estaba completamente sucia, no poseía aireación, había cucarachas y alacranes. Ante denuncia efectuada ante la Cámara Federal de Resistencia por cuestiones de salud, fue trasladado al Sanatorio Franggioli de la ciudad de Resistencia el día 19 de diciembre de 2008, debiendo solventar el costo del mismo y la atención médica de su bolsillo.

El pedido excarcelatorio estuvo veinte días sin resolver en base a un pedido de arraigo en la provincia de Corrientes, limítrofe con la de Chaco, petición indebida teniendo en cuenta que en el escrito de solicitud se constituyó domicilio en la ciudad de Resistencia, siendo absolutamente inútil y dilatoria, sumado a su reciente renuncia al cargo de Fiscal Federal, razón por la que tenía arraigo en la provincia de Chaco y nulas posibilidades de fugarse en orden a todos los problemas de salud que padecía.

Cabe destacar que Flores Leyes sufrió en su domicilio de la ciudad de Resistencia todo tipo de escraches, quema de muñecos, pintadas en su casa lo que implicó se ensucie su nombre y reputación, así como también provocó problemas en el entorno familiar dados todos los acontecimientos que padeció Flores Leyes.

Al ser trasladado al Sanatorio Franggioli, le descubren un cáncer de boca. Dado el trabajo de Flores Leyes, siempre tuvo para su asistencia médica la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. En atención al diagnóstico de cáncer, los médicos recomendaron la realización de una operación, la autorización de la auditoría de la Obra Social mencionada demoró más de dos meses, razón por la que, en ese momento, todos los médicos se negaron a operarlo debido a lo avanzado del cáncer que ya le había tomado la cara. Tampoco se le pudieron efectuar otros tratamientos. La estadía en el sanatorio como todos sus cuidados jamás fueron solventados por la obra social. Si la obra social hubiera autorizado la intervención quirúrgica, el cáncer podría haberse controlado.

Finalmente, meses antes de su fallecimiento, fue trasladado a la ciudad de Córdoba para estar acompañado de sus hijos. Falleció el 21 de abril de 2010.


d. Antonio Ángel Moccellini

Moccellini pertenecía a la Armada Argentina. En el mes de agosto de 2012 fue detenido en su domicilio y trasladado al Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz a disposición del juez federal de La Plata. Al día siguiente, prestó declaración ante el juez.

Al mes siguiente, fue internado en el Hospital Naval de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de ser intervenido de un presunto tumor en la glándula suprarrenal derecha, el que le había sido diagnosticado con anterioridad a su detención. Esta internación e intervención fue autorizada por la autoridad judicial.

Durante la operación se comprobó que el tumor no estaba presente y que el hígado se encontraba dilatado y con tejido necrosado. Se procedió a extraer una muestra de tejido para hacer biopsia, no pudiéndose confirmar diagnóstico debido a que el tejido se encontraba necrosado. Posteriormente durante la internación fue sometido a una tomografía axial computada con contraste, determinándose que no se encontraron células cancerosas. Fue dado de alta del Hospital con derivación ambulatoria al especialista en oncología y ante el cual debía concurrir periódicamente.

En el mes de octubre de 2012, se le otorgó arresto domiciliario, decisión revocada con fecha 10 de diciembre de 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Transcurrió más de un año sin que pudiera realizarse controles médicos, necesarios para su salud, en virtud de la resolución dictada por el Ministerio de Defensa ya referida que impedía que se atendiera en el hospital de su obra social, sin embargo, fue autorizado por el tribunal interviniente, a concurrir al Hospital Naval “Pedro Mallo” (HNPM). En la oportunidad pudo asistir a los siguientes turnos: 12.30 hs. al urólogo y 13.30.hs. al oncólogo. Este último requirió una tomografía computada (con contraste) y análisis de laboratorio (marcadores oncológicos), previo a un posterior chequeo.

En las oportunidades en que era autorizado a ser atendido, fue sometido a distintos estudios médicos que requerían seguimiento, entre ellos, una ecografía hepática y análisis de laboratorio con marcadores oncológicos.

Con fecha 21 de noviembre de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata lo envío a revisación por parte de médicos del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional en el marco del nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado.

El 30 de diciembre de 2014, el citado tribunal, integrado por los jueces que surgen de la documentación que se adjunta, negaron el pedido efectuado, dado que el Cuerpo Médico Forense dictaminó que su estado de salud no se encuadraba en los incisos a), b), y c) del artículo 32 de la Ley 24.660. Por otra parte, aclara que el inciso d) no es suficiente para otorgarla (Mocellini en ese momento tenía 78 años de edad).

El 5 de enero de 2015 el mismo tribunal niega el traslado del nombrado al Hospital Naval. Los estudios ordenados no pudieron realizarse bloqueando su atención médica. Esta negativa la efectúan los jueces Carlos Rozanski y César Álvarez, en base a la resolución del Ministerio de Defensa citada.

A raíz de ello, el 8 de enero de 2015 Mocellini interpone un habeas corpus, a lo que el tribunal refiere que se negaron los turnos en razón de un error involuntario.

Sin perjuicio de ello, el tribunal vuelve a negar la concurrencia de Moccellini a su hospital y dispone que el Servicio Penitenciario Federal (ya estando detenido en la Unidad 31 Ezeiza) ejerza el control de la atención médica de Mocellini en su propio servicio o en el Hospital de Ezeiza.

A partir de ese momento, Mocellini tuvo severas manifestaciones de vómitos y diarrea y dificultad de ingerir alimentos, fue llevado inicialmente al Hospital de Ezeiza y ante la imposibilidad de resolver la situación, las autoridades penitenciarias deciden su traslado al Hospital Roffo por tratarse de una institución oncológica. En dicho lugar determinan que los síntomas son de problemas gastrointestinales y consideran que debe ser derivado finalmente al Hospital Udaondo, especializado en dichas afecciones.

Nuevamente, ante la negativa al arresto domiciliario, se recurre a la Cámara Federal de Casación Penal el día 12 de febrero de 2015.

Con fecha 20 de febrero de 2015, fue internado en el Hospital Udaondo donde luego de practicarle el día 26 de febrero de 2015 una endoscopía y una video colonoscopía, se le 1e diagnostica “Tumor Duodenal avanzado”. Permanece internado bajo custodia y teniendo en cuenta que no podía ingerir alimentos por boca, el día 27 de febrero de 2015 se le practica una “yeyunostomía” para que pueda recibir alimentos.

Finalmente, la dirección del Hospital Udaondo lo da de alta el día 3 de marzo de 2015, en el estado en que se encontraba para ser regresado al establecimiento penitenciario.

Allí, no contaba ni con espacio físico en la enfermería ni con medios para su cuidado ni con la sustancia para alimentarlo, según informe de la Dra. Mariana Valdéz (médica interna de la unidad penitenciaria). Fue alojado en su celda común en el estado en que se encontraba.

La profesional mencionada se comunicó con el Hospital Naval y solicitó una cama para evacuación de urgencia. A su vez, se comunica vía telefónica con la Secretaria del Tribunal Oral en lo Federal n° 1 de La Plata, a efectos de informar de la gravedad de Mocellini y le transmite la necesidad de internación urgente.

El día 3 de marzo de 2015 a las 23.00 horas aproximadamente Mocellini fue internado en estado delicado. Los estudios llevados a cabo por el equipo médico, determinaron que el estado general de Mocellini y el avance de su afección, imposibilitaba cualquier tratamiento ya fuese quirúrgico o de quimioterapia.

El 20 de marzo de 2015, como consecuencia de que la sonda para alimentarlo se había obstruido, debió ser sometido a una nueva intervención con el objeto de cambiarla. En este período se lo trató con la medicación necesaria para atenuarle el dolor.

Finalmente, el día 22 de marzo de 2015, falleció.


e. Cayetano José Fiorini

Cayetano José Fiorini, nacido el 28 de enero de 1930, es un Coronel retirado, que en el marco de la causa 7500019/2007 fue detenido en fecha 13 de octubre de 2007 y luego puesto en libertad más de un año después (17 de diciembre de 2008) por el Juez Federal de Santiago del Estero al dictarle falta de mérito en el año 2011.

El 21 de agosto de 2013, la Cámara Federal de Tucumán revocó dicha falta de mérito y dispuso su procesamiento con prisión preventiva, motivo por el cual FIORINI fue nuevamente detenido, cumpliendo hasta el día de la fecha prisión preventiva.

En el mes de junio de 2014, ante dolencias y la grave discapacidad visual de FIORINI, con 84 años de edad en ese entonces, se solicitó se realice una junta médica. Es así que por orden del Juez Federal de Santiago del Estero en el marco de la presente causa, FIORINI fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense y por médicos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Aquellos profesionales concluyeron en forma inequívoca y coincidente que FIORINI padecía de ceguera legal irreversible e incurable y que su alojamiento en un servicio penitenciario resultaba un peligro para su salud.

En virtud de dicha circunstancia, se solicitó al Juez de grado de Santiago del Estero, el arresto domiciliario de mi defendido, el que, negado por aquel, ocasionó la apelación y posterior concesión con fecha 20 de octubre de 2014 por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones de Tucumán de dicha morigeración de las condiciones de detención. Dicho fallo fue recurrido por el Fiscal interviniente ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, mientras tanto, la causa principal del Juez Federal de Santiago del Estero (7500019/2007) fue elevada con fecha 08 de julio de 2015 al TRIBUNAL ORAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (convertida en causa 7782/2015).

Se revocó la detención domiciliaria y se dispuso de inmediato el traslado al Complejo Penitenciario Federal I Ezeiza, lo cual se hizo sin que Cámara Federal de Casación Penal analizará la delicada situación de FIORINI, lo que en los hechos constituyó un peligro para la vida del mismo.

Dicho sucesos obligaron a que el médico Dr. Mariano Castex informe a las autoridades que Fiorini, corría riesgo inminente de muerte si intentaba realizarse dicho traslado, cuestión que fue comunicada al Tribunal, pero sin respuesta alguna por parte del mismo.

Afortunadamente, dicha tragedia ha sido evitada porque el citado penal no posee cupo. La fortuna hizo, que por cuestiones ajenas a la voluntad de estos dos magistrados, se evitara que se produjese el traslado.

Atento a esa azarosa circunstancia, Fiorini, con fecha 3 de marzo de 2016, fue trasladado a realizar la Junta Médica ordenada por el Dr. Daniel Bejas del Juzgado Federal n° 1 de Tucumán al Cuerpo Médico Forense, la que, como era de esperar, demostró que Fiorini podría haber muerto por la ilegítima actitud de aquellos magistrados, las que, excediendo absolutamente sus funciones y abusando del poder, atentaron contra la vida de FIORINI.

Cayetano José FIORINI, de acuerdo a lo señalado por el Dr. Mariano N. Castex, médico legista especialista en psiquiatría y psicología médica, certifica que ha “hallado un paciente octogenario avanzado (86), INVÁLIDO TOTAL, con ceguera visión bulto por severa maculopatía (afección oftalmológica irreversible), patología cardiovascular -sobre todo aórtico abdominal aneurismática severa, patología herniaria escrotal derecha de imposible reducción, patologías renal y artrósica etaria”, entre otras. Las cuales lo colocan en una situación de extrema delicadeza, con “riesgo de vida”. En este documento, el cual se acompaña a la presente denuncia, se aconseja de modo enfático evitar toda modificación en su estado de vida actual ya que ello podría inducir procesos por vía psicosomática con entidad suficiente como para causar una ruptura aneurismática imprevista y el óbito consiguiente y/o descompensaciones somático orgánicos severos.

En similar sentido se ha pronunciado la Perito del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional (03/03/2016), Adela E. Orgatti, que por su “afectación visual, le resta autonomía en los desplazamientos, así como en las actividades cotidianas y recreativas, tornándolo vulnerable y dependiente.”

Así también reconoce, el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, que por el grave estado de salud de FIORINI, este, debe en forma urgente, ser atendido por el Servicio Cardiovascular por Aneurisma de Aorta Abdominal. Que no se encuentra en condiciones de ser alojado en una Unidad Penitenciaria y que se constituye perjudicial para el estado de salud del causante, su traslado para estos estudios ordenados, dado que las condiciones de reposo y evaluaciones clínico-cardiológicas se imponen, al presente, en establecimiento asistencial de alta complejidad.

No obstante, pese a todo lo expuesto, como vimos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal que solicitase la revocación de la detención domiciliaria otorgada a favor de FIORINI, a modo que la PRISIÓN PREVENTIVA sea cumplida intramuros, en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

Hasta el momento, dicha medida no se ha efectivizado pero puede generarse en cualquier momento.


f. Luis Alberto Manzanelli

Nacido el 07 de septiembre de 1938, estuvo detenido desde el mes de septiembre del año 2003. En estas condiciones de encierro, en reiteradas oportunidades, MANZANELLI fue llevado a la enfermería del penal de Bouwer debido a sus episodios de presión alta y dolor en el pecho.

Lo que los médicos del penal le recetaron consistió en ajustar la medicación, obviando todo otro tratamiento y sin suministrarle ninguna atención médica extramuros en algún centro de mayor complejidad que la que posee cualquier unidad penitenciaria.

Los médicos del Policlínico Policial, les explicaron a los familiares de Manzanelli que padecía de una neumonía. Que el hecho de que haya tenido síntomas de dolor de pecho y de suba y baja de presión arterial indicaban, para cualquier médico diligente, que el cuadro clínico de Manzanelli era de neumonía. Agregaron que esa neumonía no databa de hacía 48 horas, momento en donde el Servicio Penitenciario decidió trasladarlo a un establecimiento hospitalario, sino que dicho cuadro databa de hacía aproximadamente veinte días.

Se sabe que un penal no posee ningún tipo de aparatología como para sacar una radiografía de pecho, pero los médicos tratantes acotaron que un cuadro como el de Manzanelli podría haberse diagnosticado sin ningún tipo de tecnología sino tan solo mediante la aplicación de la ciencia o simplemente solicitando a la autoridad judicial autorización para extraerle una placa en cualquier hospital cercano al penal y de esa forma se podría haber diagnosticado con muchísima antelación la neumonía de Manzanelli y, casi con total seguridad, se habría evitado que Manzanelli sea inducido a coma farmacológico.

Este constituye tan solo uno de los episodios que explican que no es posible que una persona de 77 años se encuentre detenida intramuros. En establecimientos que carecen de absolutamente cualquier infraestructura apta para tratar con humanidad a las personas mayores. No es humanamente comprensible que habiendo padecido de una neumonía por el plazo de 20 días, ninguna autoridad médica o penitenciaria haya realizado algún tipo de acción tendiente a resguardar la integridad física y la vida de uno de sus internos.

Tampoco es menor la responsabilidad que les cabe a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba. Dicha autoridad judicial ha hecho caso omiso en forma sistemática a las solicitudes de arrestos domiciliarios presentados. Ha omitido en forma constante los informes médicos acompañados, tanto de sus médicos de cabecera como de peritos legistas.

A raíz de todas las omisiones cometidas, es que Manzanelli fallece con un sistema renal, cardiológico y pulmonar enteramente comprometido.

Es públicamente sabido que los penales argentinos no cubren las necesidades básicas de cualquier interno. Si tenemos en cuenta el promedio de edad en los penales, podemos concluir fácilmente que si una persona de 30 años promedio no puede ser atendida como corresponde, menos lo podrá ser una persona de casi 80 años.

Como se comprueba con la documentación que acompaña esta denuncia, cabe citar que MANZANELLI, presentaba un cuadro sumamente delicado, en tanto, los datos obrantes en la documentación médica compulsada, hacen saber que el causante evidenciaba desde hacía años malestares diversos originados por una polipatología en donde coexistía una dimensión cardiovascular en forma de cardiopatía isquémica, hipertrofia septal apical anterior e inferior, aneurisma aorta abdominal e hipertrofia prostática. Todo ello entremezclado con patologías etáreas de tipo columnario y secuelas traumáticas que condujeron a una artrodesis de cadera por fracturas producidas en acto de servicio. En especial, el 22 de diciembre de 2012, MANZANELLI sufre de un accidente cerebro vascular (ACV) debido a hipertensión arterial de larga evolución.

Se constató que, a través de exámenes clínicos realizados, el estado del aneurisma aórtico, con signos de trombosis y calcificación presentes y la larga historia de HTA y de dislipidemis de larga data, colocaban así al paciente en la categoría de un enfermo con altísimo riesgo de padecer otros ACV, obstrucciones arteriales en miembros inferiores y, sobre todo de la ruptura aneurismática abdominal que condecía fatalmente al óbito.

Además de los exámenes corporales, se agregaba en el plano del psiquismo signo sintomatología grave de índole depresivo reactivo cronificado. Polipatologías interactuantes y concurrentes agraviadas por estar en estado de privación de libertad.

Desde la propia Prosecretaría del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, el Jefe de dicho Cuerpo, ya había advertido que, resultaba en un “todo inadecuada su privación de la libertad carcelaria, (…), que pone en riesgo su vida”.

Lamentablemente, la violación a su integridad física queda en evidencia con la muerte de este paciente septuagenario avanzado en condiciones de encierro, por un shock cardiogénico irreversible, el 12 de noviembre de 2015.

Cuando leemos resoluciones, como las del Tribunal Oral Federal de Córdoba, que denegó la prisión domiciliaria a MANZANELLI, basadas en un informe que, a pesar de establecer el estado crítico del mismo, con diagnóstico y pronóstico reservado pero que responde que “en el caso que se le dé el alta médica, era posible que pueda ser alojado en un establecimiento penitenciario”, vemos que ante la duda, el principio que rige es totalmente el contrario al pro homine, dado que resuelve, ante la duda, el acto de riesgo y mayor perjuicio para el paciente, que desembocó finalmente en el trágico desenlace del MANZANELLI, que de haber estado en un lugar apropiado a sus condiciones hoy podría probablemente seguir con vida, con los tratamientos médicos que toda persona merece (Anexo XI).


g. Luis Enrique Baraldini

Luis Enrique Baraldini, nacido el 23 de febrero de 1938, se encuentra detenido en la U4, Santa Rosa, La Pampa, con prisión preventiva desde finales de 2011 (Más de 5 años). Una prisión preventiva excedida del plazo máximo legal, sin fecha cierta de audiencias para comenzar siquiera el juicio oral. Una prisión preventiva que en reiteradas oportunidades ha rechazado los pedidos de medidas alternativas menos gravosas, como prisión domiciliaria, a pesar de la edad (78 años) y los graves problemas de salud. Su complejo estado de salud exige, necesariamente, un seguimiento estricto, periódico y continuado de tratamiento como también controles por parte de las distintas áreas médicas (rehabilitación cardiovascular, cerebro vascular y la estabilización de HTA). Continuar en dicho régimen penitenciario supone desatender la extrema vulnerabilidad de BARALDINI por su avanzada edad, cuyo encierro en un establecimiento penitenciario, en el marco de la conocida realidad carcelaria, produce las consecuencias que la ley procura evitar, no estando garantizado un trato humanitario en un sitio que no está diseñado para personas ancianas, máxime si se tienen en cuenta las problemáticas de salud que aquel padece.

Sus múltiples patologías no pueden ser debidamente atendidas en el régimen de detención preventiva al que está actualmente sometido hace más de cinco años, lo cual se ve reflejado en el rápido deterioro de su persona a lo largo de su encierro. El informe del Dr. Jorge Cliff, médico legista del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación (DGN), certifica que BARALDINI “…transita las postrimerías de su octava década de vida con privación de la libertad carcelaria (…), los graves antecedentes de picos HTA, cuadros de precordalgia aun estando medicado, la confirmación de su hipertrofia ventricular izquierda, el posterior diagnóstico de bloqueo cardíaco en una prueba de esfuerzo realizada el 2013, solo pueden advertirnos de las graves y funestas complicaciones que pueden suscitarse como un cuadro de isquemia miocárdica con su evolución al infarto agudo de miocardio IAM, o un accidente cerebro vascular (ACV) secundario a cuadros de picos HTA con secuelas irreversibles, potenciados por su alteración de los lípidos (tema remanido en el ámbito médico por lo peligrosos en relación al aumento de la incidencia de afectación cardíaca, el aumento de las grasas sumado a cuadros de picos HTA. No debe olvidarse que el paciente presentó 3 episodios de TEC con pérdida de la conciencia, que su actual alteración en la memoria no solo puede guardar relación con esos episodios, sino propios del deterioro que la HTA con sus altos valores impactan orgánicamente en su cerebro, (…).” Este estudio, realizado hace ya 3 años, demuestra la compleja situación de nuestro defendido, en tanto en la actualidad se presenta además con problemas de próstata, visión y audición, así como una agudización de los demás síntomas citados.

Los elementos reseñados demuestran la necesidad de atención y control médico permanente, exigencia que como hemos aducido, la realidad carcelaria carece. Es sabido que ante situaciones que demandan inmediata atención, como traslados a hospitales de alta complejidad para urgente atención sanitaria, suelen demorarse o -en su caso- truncarse por falta de recursos, de médicos, o por razones de distancia, que pueden provocar un daño grave a la salud de este longevo.

La Cámara Federal de Casación Penal en el precedente “Lorenzatti, Carlos Alberto s/recurso de casación”, Registro N°19/2015, de 2015, ha reconocido la grave problemática expuesta en torno a que la atención médica en Argentina no se encuentra garantizada por el sistema penitenciario.

En síntesis, se concluye que, la avanzada edad y la asociación de dolencias inherentes a su vejez, provocan un riesgo cierto y concreto grave que el Estado no puede afrontar. La morigeración reclamada constituye la receptación del principio de humanidad, pretendiendo resguardar principalmente el derecho a la salud e integridad física de nuestros defendidos que en situación carcelaria es a toda evidencia imposible brindar. En el caso particular, de una persona con prisión preventiva excedida del plazo razonable. Es decir, de una persona a la que siquiera se ha determinado su culpabilidad.


h. Carlos Enrique Lacoste

LACOSTE, nacido el 9 de mayo de 1950. Se encuentra preventivamente privado de su libertad desde hace más de cuatro años, en la Unidad 19 de Saavedra, Provincia de Buenos Aires, sin siquiera tener determinado aún la fecha de juicio.

Esta flagrante violación a los tiempos razonables con que debería el Estado argentino brindar respuesta a los detenidos en prisión preventiva, se agrava aún más al considerar la avanzada edad y el delicadísimo estado de salud de nuestro defendido.

El deplorable estado de salud de LACOSTE, se encuentra reflejado a través del examen médico que realiza el Dr. Jorge Cliff, médico legista del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación, que establece que, debido a su privación de libertad en medio carcelario, “el Sr. Lacoste podría estar en el supuesto contemplado por el Legislador en la Ley de Ejecución Penal N°24.660 en su Art. 32 en el punto a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario.”

Asimismo, informa que LACOSTE resulta tener una edad más que avanzada para un penal, dado que “su hipertensión (HTA) ya de vieja data, ha presentado cuadros de picos HTA, a pesar de la medicación continua. Presenta el antecedente de psicopatía depresiva, un cuadro abdominal de distensión, dolores cólicos, flatulencia, con posterior modificación del ritmo evacuatorio, y que hace un año presentó cuadro de hemorragia digestiva que, según sus dichos, no fue estudiada”. “(…) sufre de hipoacusia, alteración de las vértebras cervicales, hernia discal en C3/C4 y C4/C5, cervicoartralgia.”

Por indicación expresa de este profesional se requirió con premura una evaluación en los servicios de gastroenterología y urología extramuros, las cuales requieren movilizarse 125 Km hasta la ciudad de Bahía Blanca, lo cual dificulta el transporte a falta de suficientes recursos, resultando en una total falta de seguimiento médico adecuado. Ello, al igual que en el caso testigo presentado anteriormente, con la violación flagrante hacia un detenido de manera preventiva sin condena ni fecha de juicio cierta. Prisión preventiva por demás excedida de todo tiempo razonable.


i. Emilio José Schaller

En primer lugar es importante resaltar que en cuanto al caso testigo de Emilio José Schaller, fue el mismo imputado el que se presentó ante el Juzgado para prestar declaración indagatoria, mostrando así la voluntad del mismo de estar a Derecho, no profugarse y presentarse ante el Juzgado correspondiente para esclarecer su situación. No está de más aclarar, también, que Schaller tampoco podía entorpecer la investigación, ya que las pruebas ofrecidas contra el ya las tenían en su poder y son pruebas de hace más de 30 años respecto a la situación en general ya que ninguna lo incluye directamente ni lo nombra, por ende tampoco puede así podría entorpecer la investigación de la causa.

La declaración indagatoria de Schaller fue tomada el 21 de Noviembre del 2011, allí se le dictó la prisión preventiva sin haber mostrado las pruebas a las que se hacía referencia. ¿A qué elementos probatorios se refiere con relación al imputado si con las constancias glosadas a la causa nada en concreto se demuestra en su contra? Forzado resulta incluso el razonamiento que sostiene que teniendo en cuenta que por sus funciones debían conocer acabadamente la existencia de actividades ilícitas y que, en ese sentido es dable mencionar que el plan tenido en miras fue adoptado y hecho propio llevando adelante distintas actividades enderezadas al logro de un único fin, agregando que esas actividades operaron como los engranajes de un reloj: cada parte desarrollaba su labor en razón de haber incorporado el plan como propio y, a la vez, observando y cuidando que sin margen de error se concrete exitosamente.

Nada más alejado de la verdad. No hay una sola prueba en autos que permita afirmar sin hesitaciones que Emilio Schaller conocía la existencia de algún ilícito. Este plazo, como en la mayoría de los juicios de lesa humanidad, es violado y por ende privando ilegalmente de la libertad a los imputados.

Schaller hasta el día de la fecha sigue privado de su libertad, lleva más de 4 años y medio, siendo violado los plazos procesales y discriminados como ciudadano de la República Argentina.

Además, aun no posee fecha de juicio, lo que lleva a una prolongada espera para poder demostrar su inocencia, el acto de procesamiento de juez de instrucción fue realizado más de 9 meses después de la indagatoria. Da la impresión, dado el prolongado tiempo transcurrido desde que se les tomó declaración indagatoria, no ha quedado otro remedio al magistrado de instrucción que disponer el procesamiento de modo de justificar así la privación de libertad de Emilio José Schaller.


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