Denuncia


Nuestra asociación lucha por los derechos de más de 2000 ciudadanos argentinos involucrados en esas causas, de los cuales más de 370 ya han muerto, y de esa manera exponer las particularidades que se suscitan en estos procesos e ilustrar lo que denunciamos mediante casos testigos, representativos de las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado argentino, desde hace más de diez años. Así también, poner en su conocimiento la situación de los más de 6.000 familiares directos también victimas de distintos infortunios, por ejemplo, en sus trabajos, y que también son objeto de distintos tipos de discriminación.

Los involucrados en las causas mencionadas pertenecieron a alguna de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Servicio Penitenciario o algún organismo del Estado, incluyendo también a civiles, durante la dictadura militar argentina (1976-1983) y, en algunos casos, personas implicadas por hechos supuestamente ocurridos antes de esa fecha. No escapa a su conocimiento que en estas causas se imputan hechos delictivos sin importar el cargo, posición, jerarquía o accionar. A su vez, esos hechos son tenidos por ciertos e irrefutables sin haber sido debidamente probados.

Nuestra asociación trabaja en pos de lograr el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de todo estado de derecho y, en consecuencia, los derechos que se le deben garantizar a cualquier imputado en cualquier causa penal, sin discriminación alguna. Esta organización la conforman los hijos y nietos de los imputados en las causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. Nos une, por sobre todas las cosas, la lucha por el respeto a la legalidad en esos procesos.

Estamos convencidos que sin las garantías que otorgan los derechos humanos la vida no vale nada y que sin el principio de legalidad los derechos de las personas son enunciados vacíos. Desde el profundo respeto por el dolor de las víctimas, consideramos que la resolución de cualquier conflicto, por más grave y doloroso que sea, no puede lograrse por fuera de la legalidad.

Nuestra legislación como el ordenamiento jurídico internacional no excluye expresamente a nadie y el hecho de negar protección a determinadas personas resultaría discriminatorio y violaría a su vez el derecho a la protección judicial efectiva.

En primer lugar, enunciamos los derechos que se vulneran en el marco de estas causas para, luego, desarrollarlo con mayor precisión y exponer casos testigos que dan cuenta, tan solo como ejemplos, de lo que padecen los imputados en estos procesos. Los derechos que se ven afectados son: personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales (dentro de lo que destacamos los derechos a ser oído, imparcialidad e independencia de los jueces, presunción de inocencia, comunicación previa y detallada de la acusación, falta de tiempo suficiente para la preparación de la defensa, derecho a ser asistido por un abogado defensor, derecho a interrogar testigos, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, derecho al recurso, al instituto de la cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna), igualdad ante la ley/no discriminación, protección judicial efectiva, derecho al trabajo, salud, educación y a la seguridad social.

En el marco de las causas por delitos de lesa humanidad, las autoridades judiciales niegan sistemáticamente los derechos enumerados, lo que conlleva en consecuencia su imposibilidad de ejercerlos. Dicha situación repercute en el desconocimiento de los atributos que poseemos todos por el mero hecho de ser sujetos de derecho: la libertad, la igualdad y la dignidad.

Se vulnera el derecho a la vida toda vez que nos encontramos con detenidos ancianos o enfermos que por la falta de una necesaria y adecuada atención médica en los penales ya se contabilizan más de 370 imputados fallecidos privados de su libertad. Muchas de esas muertes acontecen sin que siquiera el imputado haya sido condenado o en algunos casos sin que su causa haya alcanzado la etapa de juicio.

A su vez, la violación al derecho a la vida va de la mano con la afectación de la integridad física, psíquica y moral. Se somete a los detenidos a penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, mediante el encierro en cárceles que no pueden alojarlos, ya que no poseen las condiciones, ni suficientes ni necesarias, para brindar los cuidados que requieren personas mayores de 70 años, o menores de esa edad, pero gravemente enfermas. Muchas veces, esta circunstancia se traduce en que son sometidos a proceso aún frente a acreditadas incapacidades sobrevinientes para estar en juicio y defenderse.

Somos conscientes que en nuestro país la atención médica en las cárceles es insuficiente, y hasta en algunos penales es inexistente, para todos los alojados en ellas, pero esa condición empeora aquí por la edad del grupo al que hacemos referencia. Esto último se vio agravado por el dictado de la resolución Nº 85/2013 del Ministerio de Defensa que prohibió la atención en hospitales de su obra social/seguro médico de esta clase de detenidos. Cabe destacar que esa resolución fue dejada sin efecto por el Ministerio citado el pasado 22 de febrero (resolución n° 65/2016), no obstante, la vigencia de su antecesora ha generado graves violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida de los privados de libertad.

Con relación a la edad promedio de los detenidos o procesados, que ronda los 75 años, nos preguntamos si se justifica en este grupo que las penas privativas de la libertad que se les impone tengan como finalidad la reforma y readaptación social del condenado. Es dudoso que alguien de esa edad pueda ser resocializado o readaptado a la sociedad cuando en la mayoría de los casos su periodo de vida laboral activa ya se agotó y debido a que no fueron acusados de haber cometido delito a lo largo de sus vidas.

Por otra parte, la libertad personal se ve afectada desde el mismo momento en el que son acusados ya que automáticamente se los detiene. Ello se refleja en la circunstancia que casi la totalidad de los detenidos cumplen prisión preventiva por más de tres años. Algunos imputados llevan una década privados de su libertad sin ser juzgados.

También se niega la modalidad de su cumplimiento en arresto domiciliario a los mayores de 70 años y enfermos. Actualmente, existen en estas causas personas con más de 80 años alojadas en penales de nuestro país.

La justificación de la prisión preventiva se basa en el peligro de fuga, que jamás es comprobado por los jueces, y en el entorpecimiento de las investigaciones, lo que se torna ridículo si tenemos en cuenta que las pruebas han sido ofrecidas y producidas hace más de 30 años.

La defensa en juicio se vulnera cada vez que las presentaciones efectuadas por un defensor público oficial o particular son rechazadas y ello también se traduce en que tampoco se respeta la facultad y el derecho de todo imputado a ser oído cuantas veces sea necesario y a que controle la prueba de cargo. Tampoco las imputaciones son claras, precisas ni circunstanciadas, a lo que se suma la imposibilidad de producir prueba a casi 40 años de acontecidos los hechos imputados, se dificulta tanto a los imputados como a sus defensas interrogar testigos, con el argumento de no revictimizarlos, lo que conlleva a que no existe igualdad de armas entre las partes.

Es un dato a destacar y en el queremos hacer especial énfasis que de la lectura de cualquier sentencia dictada en estas causas la gran mayoría de los imputados son condenados por haber estado en un lugar y tiempo determinado, sin probar de manera indubitable lo que se imputa.

Asimismo, muchas veces, los fiscales toman como prueba el contexto histórico de los hechos que se juzgan, harto conocido por todos, pero que no alcanza para condenar a la pena máxima de prisión perpetua a casi el 50% de los imputados sometidos a juicio. En un juicio penal no se debate un contexto histórico. Lo que se investiga y se intenta determinar es la responsabilidad penal individual de cada imputado, fundada cabalmente por pruebas contundentes que dejen de lado cualquier duda razonable.

Como sostuvimos, la gran mayoría de los procesos culmina con condenas a prisión perpetua. Sin importar si los imputados tuvieron poder de mando o una posición jerárquica o no. Las absoluciones ascienden a tan solo el 10% de las personas que son llevadas a juicio oral (datos que proporciona la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación). Esas mínimas absoluciones son revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal, instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima autoridad judicial del Estado argentino. Por último, las penas no guardan relación ni con lo fehacientemente comprobado en debate oral ni tampoco respecto de la posición o no de mando que poseía el imputado a la fecha de los hechos por los que es acusado.

Dentro de los derechos violados no podemos dejar de mencionar el derecho al trabajo que en muchos casos ha sido negado así como también el derecho a la educación. En el año 2012, el Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires emitió una resolución que prohibió a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad estudiar cualquier carrera universitaria mediante el programa UBA XXII, que permite estudiar a las personas privadas de su libertad. Cabe destacar que dicha resolución se encuentra plenamente vigente.

Por último y en virtud de la edad de los imputados, es de aplicación la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, firmada por nuestro país el 15 de junio de 2015.


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