Seguidilla de cartas de lectores contra De Luca



25-01-2013

LESA HUMANIDAD

Del artículo del embajador Cárdenas sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces argentinos en los casos de lesa humanidad.

Sería interesante que expusiera con precisión algún caso en el cual una persona hubiera sido acusada y condenada aquí como responsable de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable. De lo contrario, su exposición infundada desmerece el trabajo escrupuloso y apegado a la estricta juridicidad de cientos de jueces y fiscales de todo el país.

Javier Augusto De Luca - Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal

DNI 13.735.064


27-01-2013

Lesa humanidad

En su carta del 25 del actual, el fiscal Javier Augusto De Luca afirma que "del artículo del embajador Cárdenas sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces argentinos en los casos de lesa humanidad". Disconforme, pide que se exponga "con precisión algún caso en el cual una persona hubiera sido acusada y condenada aquí como responsable de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable".

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia lleva años recorriendo tribunales y cárceles de todo el país, recopilando documentación y entrevistando a presos políticos, jueces y defensores. Esto permite a nuestra asociación – integrada por más de 400 abogados independientes- mostrar, con abrumadora precisión, la gran cantidad de casos de acusaciones y condenas fundadas en suposiciones y/o en testigos visiblemente mendaces.

De hecho, los juicios en los casos llamados "de lesa humanidad" se vienen rigiendo por pautas totalmente distintas de las que se aplican en todos los demás procesos y que se observaron en la historia judicial argentina. Sólo se buscan y consideran los testigos de interés comprometidos con la violencia de los 70; jamás se ha admitido el aporte objetivo y subjetivo del imputado y todo el escrúpulo del trabajo judicial se agota en el esfuerzo por dictar duras condenas, para concretar de cualquier manera la política que han puesto en práctica.

En consecuencia, convocamos formalmente por este medio al fiscal De Luca a debatir pública y objetivamente el tema en un ámbito apropiado, que permita hacerlo con respeto y serenidad.

Alberto Solanet-Presidente

Mariano Gradín-Secretario

Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

justiciayconcordia@justiciayconcordia.org


PEDIDO POR UN HIJO

Mi esposo, coronel de la Nación, está preso en la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, desde hace cinco meses, siendo inocente. Estuvo excarcelado por los jueces y lo privaron sorpresivamente y sin explicación de su libertad. Necesita en forma urgente volver a su situación anterior por la salud física y psíquica de su hijo Jorge Martín, de 38 años y con autismo severo. Apelo a quien corresponda interceda para lograr tenga una libertad vigilada, asistiendo al juicio que se lleva a cabo. Su hijo, totalmente indefenso, lo necesita en forma permanente.

María Isabel Costilla Cátuli

DNI 12.733.835


29-01-2013

PRUEBAS

En la carta del 27 del actual de los abogados Solanet y Gradín se me invita a debatir en público sobre el valor de las pruebas de los juicios de lesa humanidad, ya que, según una comprobación que habrían llevado a cabo unos 400 abogados independientes, se estarían produciendo una gran cantidad de acusaciones y condenas infundadas basadas en testimonios mendaces. Al respecto, señalo que no se trata de debatir o no debatir en público (lo hago todos los días en mis clases como docente y en mis audiencias como fiscal), sino de que quien hace una denuncia debe llevar las pruebas pertinentes a los ámbitos correspondientes. La objeción que le dirigí al artículo del embajador Cárdenas también les cabe a los abogados Solanet y Gradín, ya que cuando un abogado realiza denuncias, éstas deben ser serias, concretas y no generalizadas, como en el caso, y si tantas son las pruebas que dicen tener, deberían haberlas canalizado en los juicios o aportado para las respectivas revisiones de condenas. Especialmente la versión de los acusados, a la que los abogados citados dicen tener acceso, puesto que en la gran mayoría de los casos aquéllos se han negado a brindarla ante los jueces correspondientes o se han limitado a realizar alegatos políticos, que no es lo que se juzga en estos juicios. Nuestro interés no es condenar porque sí a las personas, sino averiguar la verdad de lo sucedido. Por otra parte, si su interés es discutir las teorías jurídicas aplicadas a cada caso en concreto, existe abundante bibliografía jurídica que desde hace años se estudia en todas las cátedras de derecho penal, nacionales y extranjeras, que se dignan a enseñar el fenómeno de manera leal y democrática.

Fiscal Javier Augusto De Luca

javieraugustodeluca@gmail.com


PRINCIPIOS

En su carta, el recientemente designado general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Javier Augusto De Luca, estimó interesante que Emilio J. Cárdenas señale con precisión en cuál de los procesos seguidos en el país por delitos de lesa humanidad no se aplicó la regla probatoria que éste reclama aplicar en su artículo del 24 del actual. Estoy seguro de que el señor embajador tuvo en mente al escribir ese lúcido artículo el fallo de la Corte Penal Internacional del 18 de diciembre de 2012, en el que, absolviendo a Mathieu Ngudjolo de la acusación por hechos aberrantes cometidos en el Bagoro, Congo, entre enero y marzo de 2003, afirmó que imputaciones de esa naturaleza deben asentarse en pruebas del conocimiento pleno de la existencia de los hechos imputados por parte del acusado y que la conducta de éste estuvo intencionalmente guiada a la comisión de aquéllos, que despejen toda duda razonable al respecto; porque ello forma parte de la garantía del debido proceso propio del Estado de Derecho. Por ello estimo que es al novel fiscal general a quien corresponde informarse debidamente y luego señalar, con estricto apego al derecho aplicable, cuál de las condenas impuestas por presuntos delitos de lesa humanidad reposa sobre pruebas que despejaron toda duda razonable de la culpabilidad del condenado; y cuál de ellas respetó los principios liminares del derecho penal moderno contenidos en la Constitución nacional y en los tratados y convenciones ratificados por la República, como lo son: la inviolabilidad de la defensa en juicio, integrado por el principio de ley previa y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más gravosa; el principio de inocencia y sus corolarios, juicio previo y el derecho a permanecer en libertad durante el proceso; el principio del juez natural; la cosa juzgada y su corolario, el non bis in idem; el plazo razonable de juzgamiento, y numerosas otras tutelas del derecho internacional de los DD.HH. Y, además, que señale uno de los procesos actualmente en trámite en el que se respeten esos principios.

Norberto A. Giletta

Ex juez federal en lo criminal y correccional

DNI 4.298.214


UN CASO

Respondiendo al fiscal De Luca, preciso el caso de una persona condenada sin pruebas objetivas ni subjetivas. Desde Hijos y Nietos de Presos Políticos damos fe de que éste es sólo un ejemplo de muchos y quedamos a su disposición para presentarle la información correspondiente.

A mi padre, que tenía 24 años en 1976, más del 80% de los testigos dijo no saber quién era. De los que dijeron conocerlo hubo quienes no lo habían nombrado en sus declaraciones en los 80, pero luego de su detención en 2006 empezaron a recordarlo.

Así como hubo quien lo denunció hablando de fechas en las que ya no estaba destinado en ese lugar. Quienes sí lo reconocieron sin contradicciones, dijeron que los había detenido presentándose con nombre y grado, labrando actas con testigos, informándoles dónde quedaban detenidos y tratándolos con suma amabilidad. Pese a esto, lo condenaron a cadena perpetua, peor pena que a sus generales en el juicio a las juntas. Y fue el presidente del tribunal, Dr. Roberto Burad, quien nos confesó: "Esto es político, quizás la salida sea política", echando por tierra cualquier esperanza de tontos.

Aníbal Guevara Bianchi

DNI 30.449.903


30-01-2013

LA ÚNICA PRUEBA

En su carta del día 25, el fiscal Dr. Javier Augusto De Luca se refirió a la columna del Dr. Emilio Cárdenas, invitándolo a exponer "algún caso" en que una persona hubiera sido acusada y condenada como responsable de delitos cometidos "durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable". Como defensor del Dr. Jaime L. Smart, sometido a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, informo al señor fiscal que la única prueba objetiva y subjetiva incorporada para demostrar la supuesta intervención de aquél en los delitos de lesa humanidad que se le imputaron fue el decreto por el cual se lo designó ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en abril de 1976. Prueba que por supuesto no liberó el caso de "toda duda razonable", sino todo lo contrario. No obstante, Smart lleva casi 5 años de prisión, con reciente sentencia condenatoria a prisión perpetua -que no se encuentra firme-. Esto demuestra que para este tipo de juicios se aplican criterios especiales opuestos a nuestro derecho, tal como lo sostuvo en una sentencia de la Corte Suprema la ministra Dra. Carmen Argibay, de notable honestidad intelectual, lo que le costó ahora ser objeto de ataque por la Sra. Hebe de Bonafini.

Pongo a disposición del Dr. De Luca todos los elementos de convicción demostrativos de lo expuesto.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538


CONDENA

Ante el pedido efectuado por el Sr. fiscal Javier Augusto De Luca en su carta del 25 de enero, en mi carácter de abogado e hijo de quien ha sido acusado y llevado a juicio (mayor Julio César Coronel) en el caso conocido como ESMA, le hago saber que el alegato de esta defensa se sustentó en el "peso de la prueba", probando enfáticamente no tan sólo la ausencia de elementos probatorios para la acusación y condena, sino el aporte de vastos elementos de probanza de la inocencia. Lo invito a verlo. Por otro lado, con el debido respeto, los fiscales, como he señalado en el debate del juicio ESMA, deberían advertir que su labor es la búsqueda de la verdad y si esa verdad resulta atarse a la inocencia de estos militares y/o la falta de prueba objetiva y/o un estado de duda, tiene la obligación de advertirlo y no subjetivamente pedir condena por la condena misma. En el caso que me ha ocupado, esto ha sucedido. El fiscal reconoció los elementos que acreditaron la inocencia de mi defendido (mi padre) y a pesar de ello solicitó la condena. Se ha llevado a juicio y se han pretendido condenas no sólo con total falta de pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable, sino ausentándose de todas las garantías primarias constitucionales. Esto lo he señalado en el debate de la ESMA y ha sido probado. Contribuyendo a su pedido, le doy un caso concreto de los tantos que seguramente existen.

Dr. Guillermo Felipe Coronel

DNI 23.984.361


ARRESTO DOMICILIARIO

Soy hija de un preso político detenido por una causa de delitos de lesa humanidad, aún sin condena. A mi padre, a los dos meses de estar privado de su libertad en el Complejo Penitenciario Ezeiza I, en marzo de 2011, le fue diagnosticado el mal de Parkinson, enfermedad degenerativa e incurable, por lo cual a los nueve meses de dicho diagnóstico le fue otorgado el arresto domiciliario. Ante la inminencia del juicio, el Tribunal Oral Federal de Tucumán, sin mayores fundamentos ni haciendo alusión a la violación de ninguna de las pautas impuestas, el 31 de agosto del año pasado revocó la prisión domiciliaria de mi padre -como la de muchos imputados más, enfermos y mayores de 70 años- y fue nuevamente enviado a una cárcel. Esa situación generó un agravamiento de su salud, estado que, por las características de la enfermedad que padece, es irreversible.

Quisiera entender qué juridicidad hay en esa medida o de qué forma mi padre, en las condiciones en las que se encuentra, podría afectar la realización del proceso si se le hubiera mantenido el arresto domiciliario. Y de esa forma, además de respetarse ese derecho, permitirle conservar su salud.

Nadia Moore

DNI 33.802.477


31-01-2013

JUICIOS

El fiscal De Luca, en su respuesta a la carta de esta Asociación, ha elegido la fácil vía del sarcasmo para eludir la invitación a debatir acerca de la parodia judicial que constituyen los llamados juicios de lesa humanidad. Nos exhorta a denunciar ante la Justicia las gravísimas violaciones a las reglas del debido proceso que se cometen en esos procesos. En otras palabras, sugiere llevar dichas aberraciones ante el mismo aparato organizado de poder que las practica y que el fiscal De Luca integra.

Los abogados estamos habituados a trabajar con el derecho y también con los hechos. Pues bien, constituye un hecho cada vez más evidente que estos juicios, llevados con gran aspaviento como política de Estado, empezaron arrasando las garantías más primarias y elementales de los acusados, como el principio de legalidad y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más gravosa. Asimismo, llevándose por delante la presunción de inocencia y la duda razonable, generalizaron formas selectivas de prueba, calificando a los testigos según sirvieran o no a las condenas resueltas de antemano.

Queremos pensar que el fiscal De Luca también enseña a sus alumnos que esas aberraciones fueron también advertidas por el juez Robert Dube, del Estado de Florida, lo que lo llevó a desestimar la extradición de Roberto Guillermo Bravo. Como también lo hizo la Audiencia Nacional de España en el caso Martínez de Perón, dando a entender con claridad que el juez argentino que pedía la extradición había manifestado desconocimiento del derecho vigente en su propio país.

La negativa del fiscal De Luca no puede sorprender a nadie. Él sabe a la perfección que estos juicios, en los cuales actúa como parte, pasarán a la historia como ejemplos de degradación abismal y crasa negación de la justicia. Exactamente igual a como hoy se estudian los Procesos de Moscú y el comportamiento de los jueces y fiscales soviéticos en Nüremberg.

Alberto Solanet-Presidente

Mariano Gradín-Secretario

01-02-2013

DERECHO MONTONERO

Con relación a la interesante desatada en la nacion sobre la actual justicia argentina, me permito señalar que lo que sucede es que se está aplicando el derecho montonero, que va ingresando de contrabando al derecho argentino a través de fallos de jueces y dictámenes de fiscales. Este derecho, en su parte penal, tiene dos raíces: la inquisición, en la cual la acusación ya constituía la condena, y el derecho del nazismo alemán, en el cual el mero hecho de ser judío constituía un crimen. En el derecho montonero esto cabe a militares y civiles que fueron funcionarios relevantes del Proceso.

Espero que no pase mucho tiempo hasta que los jueces que aplican el derecho montonero sean llamados a dar explicaciones. Sospecho que la iniciativa de reforma constitucional no responde sólo a la re-reelección, sino a que se quiere introducir principios del derecho montonero en nuestra Carta Magna, como la eliminación de la irretroactividad de las leyes y del principio de cosa juzgada, así como la posibilidad de anular leyes ya declaradas constitucionales por la Corte Suprema, después de 16 años, como ya se hizo en 2003. Además el derecho montonero tiene otro concepto del derecho de propiedad.

Juan E. Alemann

DNI 4.014.307


02-02-2013

SIN DEFENSA

En respuesta al fiscal doctor Javier Augusto De Luca pongo en su conocimiento que mi padre, el actual coronel retirado Alejandro Guillermo Duret, después de tres años y siete meses de prisión "preventiva", fue juzgado y resultó absuelto, después de un "trabajo escrupuloso y apegado a la estricta juridicidad", para utilizar las mismas palabras del fiscal. Sin embargo, apelada la sentencia, la Sala IV de Casación Penal lo condenó a 15 años. Señor fiscal De Luca: a mi padre se le negó la posibilidad de defensa en esta instancia. Sepa usted que no había nuevos elementos de juicio. Además, volvieron a ponerlo preso después de una maniobra aviesa y una operación de prensa que le inventó una fuga.

Hace 15 meses, pues, perdió su libertad nuevamente. La libertad que nunca debió haber perdido.

¿Qué me dice de este caso?

Lía V. Duret Velasco

lipitoria@hotmail.com

03-02-2013


SIN GARANTÍAS

En respuesta a las cartas enviadas por el fiscal general Javier Augusto De Luca, en las que solicita precisiones respecto del juzgamiento de las causas denominadas de "lesa humanidad", en mi carácter de defensor particular de acusados en las mismas, puedo aportar los datos que requiere e invitarlo a que concurra al debate oral y público, en el que podrá apreciar con sus sentidos y raciocinio la negación de lo que enseña como proceso penal. En esa causa se violan permanente y sistemáticamente todas las garantías constitucionales del debido proceso. No escapará al conocimiento del señor fiscal general que hasta la Cámara Federal de Casación Penal modificó el Código Procesal, invadiendo las atribuciones que la Constitución Nacional le reserva al Poder Legislativo. Se encuentran sometidos a juicios ciudadanos contra los cuales no existe ninguna prueba que seriamente sostenga la acusación. Se han manipulado pruebas para intentar dar un viso de imparcialidad que no existe. Los imputados deben probar su inocencia, cuando la ley establece lo contrario. Los señores integrantes de ese ministerio público al que pertenecen incumplen las obligaciones que les impone la ley 24.946 y, cuando algún fiscal pretende velar por el orden constitucional, es inmediatamente reemplazado por alguno más "complaciente" con el sistema de venganza que se implementa. Esto sucedió en la causa ESMA -por si alguna duda le cabe-, en la que ejerzo como defensor. Señor fiscal general, los lectores de este periódico no se merecen ser receptores del "relato judicial", el mismo silencio que guarda ante el incumplimiento de la ley en estas causas también debió silenciarse ante la acertada nota del embajador Cárdenas y las cartas de los lectores que cuestionan sus dichos desacertados. No estamos ante juicios constitucionales, sino ante una parodia que, por esa vía, implementa una venganza política y les reditúa muy bien.

Dr. Guillermo Jesús Fanego

DNI 10.691.837


04-02-2013

AUTORITARISMOS

Sobre el destacable artículo del embajador Cárdenas, ponderado por los doctores Solanet y Gradín en su carta, contestada por el fiscal Javier De Luca, quiero manifestar que, si bien soy histórico defensor de los derechos humanos y rechazo el genocidio desde los claustros universitarios y académicos y desde el ejercicio profesional, lo dicho por el funcionario me lleva a estas líneas. Sé que sólo respetando la Constitución habrá Estado de Derecho y que, fuera de ella, todo es autoritarismo. Es evidente que el señor fiscal aplica una ley procesal del modelo inquisitorial, contrario a la Constitución y correspondiente a un contexto funcional ya perimido en el mundo. Los colegas a quienes quiere rebatir hablan desde el llano de la abogacía y defienden la vigencia del Estado de Derecho también en materia de lesa humanidad. Es imprescindible diferenciarnos de los autoritarios y seguir el camino del juicio a las juntas militares. Luchar contra la impunidad por justicia y verdad jamás puede justificar juicios inconstitucionales con condenas desde el inicio.

Esta realidad la viví como defensor del doctor Enrique Corsi, condenado sin prueba alguna (ahora en Casación) por un tribunal que interrogaba en primer término a los más de 200 deponentes, que ni lo mencionaron.

Héctor Granillo Fernández

DNI 7.620.964


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